El Estado hondureño presentó en marzo de 2013 un informe en el que reportó que había cumplido 85 de las 129 recomendaciones y que 38 estaban en proceso de implementación. Sin embargo, diversas organizaciones de la sociedad civil señalan que la protección de los derechos humanos ha empeorado en los últimos años y critican la falta de voluntad política y de asignación de recursos para implementar las medidas adoptadas.
Al igual que los demás países pertenecientes al Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras afronta serias dificultades vinculadas a los temas de seguridad y gobernabilidad. El país cuenta con los peores niveles de criminalidad de Centroamérica y la mayor tasa de homicidios del mundo, que se sitúa en 90.4 por cada cien mil habitantes (datos de 2012). Por su parte, Transparency International sitúa a Honduras como el quinto país más corrupto de América Latina, según su último Global Corruption Report. Ante este escenario de elevados niveles de violencia, inseguridad, pobreza e impunidad, esta segunda comparecencia de Honduras ante el EPU se presenta como una oportunidad única para que los Estados recomienden medidas eficaces orientadas a mejorar la protección de los derechos humanos en el país.
A pesar de que se han registrado avances en materia de aprobación de
políticas públicas, reformas en el Código Penal, o ratificación y
armonización de mecanismos internacionales, dichas reformas no siempre
se ponen en práctica y faltan recursos para su implementación. Por su
parte, se han llevado a cabo una serie de ajustes del sistema
administrativo del Estado que se han traducido en una reducción y fusión
de megasecretarías de estado, lo que ha supuesto, a su vez, una mayor
concentración del poder y reducción de presupuesto. RIDH, en colaboración con más de cincuenta organizaciones hondureñas
agrupadas en la Plataforma EPU 2015, destaca siete materias en las que
se perciben vulneraciones constantes de los derechos humanos que afectan
a diferentes colectivos.
El Estado de Honduras tiene un gran desafío en materia de investigación
criminal y combate a la impunidad. Los niveles de impunidad penal en
homicidios superan el 90 por ciento, situación que impacta de manera
notable a los colectivos más vulnerables: niños y adolescentes, mujeres,
poblaciones indígenas, periodistas, y miembros de la comunidad LGTBI.
Por otro lado, el uso ilegal y desproporcionado de la fuerza por parte de la policía se ha convertido en un problema crónico. Según un informe de la Coalición contra la Impunidad, en el periodo 2013-2014 la policía ha sido responsable de 149 asesinatos. Los esfuerzos para abordar la corrupción endémica dentro de las fuerzas policiales han tenido un impacto limitado.
Además, los ataques físicos a jueces y magistrados y en general a defensores y defensoras de derechos humanos, así como amenazas, intimidaciones y presiones externas, han aumentado. Particular conmoción causó el asesinato de la Jueza del Ramo Penal Mireya Efigenia Mendoza Peña, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras. El caso se mantiene sin una investigación objetiva y eficaz.
Según datos de CONADEH, al menos 91 profesionales del derecho han muerto en circunstancias violentas desde el año 2010, de los cuales el 95 por ciento de los casos estaría en impunidad.
Libertad de expresión y agresión contra periodistas
La violencia sistémica hacia la prensa y los altos grados de
impunidad convierten a Honduras en unos de los países más peligrosos de
la región para profesionales del periodismo y de la comunicación,
sobretodo cuando informan sobre derechos humanos. Según datos del Comité
por la Libertad de Expresión,
entre noviembre de 2010 y septiembre de 2014, un total de 28
periodistas y comunicadores sociales fueron asesinados. Diversas radios
comunitarias han sido quemadas o han sufrido ataques violentos, los
periodistas reciben amenazas telefónicas, y las oficinas de equipo y
trabajo están sujetas a redadas y sabotaje, lo que genera una
autocensura en los periodistas.
La falta de investigación y procesamiento de asesinatos de periodistas supone no solo una violación al derecho de expresión de la víctima, sino también una represión al derecho de la información de la sociedad hondureña. Por otro lado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha aprobado normas que limitan el espectro de radio y prohíben la crítica y el debate de problemas públicos.
Derechos de las mujeres
Desde 2005 hasta 2013, la muerte violenta de mujeres ha aumentado un
263.4%. En 2013 se produjeron 636 asesinatos de mujeres, uno cada 14
horas. Esta violencia es resultado de múltiples factores, entre ellos,
altos niveles de desigualdad económica, pobreza, machismo, corrupción,
militarización, y presencia cada vez mayor del crimen organizado y del
narcotráfico.
A su vez, el número de mujeres desaparecidas ha incrementado un 280% entre 2008 y 2013; mientras que la violación sexual es la tercera causa de delito más denunciado en el país, con más de 2.800 denuncias presentadas en 2013.
Por otro lado, los derechos sexuales y reproductivos de la mujer se encuentran altamente limitados. El uso, promoción, venta y comercialización de la anticoncepción de emergencia está prohibida desde octubre de 2009. Como consecuencia, al menos 8,165 mujeres y niñas que denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual entre 2010 y 2013, se encontraron expuestas a un potencial embarazo no deseado, situación que vulnera así su derecho a la vida, la autonomía, la salud y a decidir sobre su maternidad.
A pesar de ciertos avances a nivel institucional, como la incorporación del delito de femicidio en el Código Penal en 2013, los recursos destinados a investigación de crímenes violentos contra mujeres son muy limitados y el nivel de impunidad alcanza el 95 por ciento en temas de femicidio y violencia sexual.
Derechos de la infancia
Niños y niñas, adolescentes y adultos jóvenes son víctimas de altos
niveles de violencia, en gran medida perpetuada por bandas u otras
formas de crimen organizado. Según un informe del Observatorio de
muertes violentas de Casa Alianza, en los trece primeros meses de
gobierno de Juan Orlando Hernández, se han registrado 1,076 muertes
violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores
de 23 años en el país.
El elevado grado de violencia infantil, junto a los altos niveles de pobreza y exclusión social, ha intensificado el fenómeno creciente de menores migrantes no acompañados. Según datos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (U.S. CBP), 68,541 menores no acompañados fueron detenidos en la frontera sur-oeste de Estados Unidos en 2014, el 27 por ciento de ellos procedía de Honduras. Si bien en el país existe un protocolo de repatriación de niños y niñas migrantes, su aplicación es limitada y las instituciones encargadas no cuentan con los recursos financieros y materiales para su implementación.
Otro aspecto altamente alarmante es el nivel de pobreza y exclusión social que afecta a la infancia. Aproximadamente un tercio de niños y niñas en Honduras no asiste a la escuela y se calcula que más de un millón sufre explotación laboral, según datos de Casa Alianza.
Por otra parte, cien mil niños y menores de entre 5 y 23 años de edad están siendo entrenados en cuarteles militares por las Fuerzas Armadas de Honduras a través de la implementación del Programa “Guardianes de la Patria”, lo cual expone a estos menores a altos niveles de violencia y una falta de actitud democrática.
Fuentes del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) señalan que desde 2010 han habido 3,061 casos de criminalización para debilitar la defensa de derechos humanos.
A su vez, en febrero de 2014 el Gobierno canceló el estatus legal de más de cinco mil ONG, basada en la “Ley Especial de Fomento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo”, aprobada en 2011.
Situación penitenciaria
Las condiciones inhumanas en las que se encuentran los reclusos en
las prisiones hondureñas, como hacinamiento, inadecuada alimentación y
precarias condiciones sanitarias, continúa siendo motivo de
preocupación. Las cárceles del país, que pueden albergar 8,600 reclusos,
recluían a más de 13,000 en agosto de 2013, según la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.La Comisión denunció que la condición penitenciaria en Honduras padece
de “graves deficiencias estructurales que han conducido a su colapso”.
Esta situación ha significado un altísimo costo en términos de vidas
humanas en los últimos años, lo que quedó dramáticamente evidenciado con
el incendio de Comayagua, en febrero de 2012, en el que murieron 362
personas.
A pesar que el gobierno de Honduras, en su informe presentado ante Naciones Unidas en enero de este año, asegura que se han realizado serios esfuerzos para mejorar la situación de derechos humanos del 2010, las organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos critican la falta de recursos, voluntad política y estructura institucional para llevar a cabo las reformas legislativas.
La cita del próximo 8 de mayo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas no solo supone una oportunidad para evaluar los avances y retrocesos en materia de derechos humanos en Honduras durante los últimos cuatro años, sino también un momento crítico para valorar la efectividad del EPU como mecanismo de control y promoción de derechos humanos. En este sentido, es importante que los Estados miembros elaboren recomendaciones adecuadas, factibles y adaptadas a las realidades del país que sirvan para generar nuevas políticas de Estado.
Impunidad y acceso a la justicia
Por otro lado, el uso ilegal y desproporcionado de la fuerza por parte de la policía se ha convertido en un problema crónico. Según un informe de la Coalición contra la Impunidad, en el periodo 2013-2014 la policía ha sido responsable de 149 asesinatos. Los esfuerzos para abordar la corrupción endémica dentro de las fuerzas policiales han tenido un impacto limitado.
Independencia Judicial
Desde el último EPU se ha producido un pérdida de independencia judicial y los jueces son víctimas de mayor intimidación e interferencia política. Una reforma constitucional de 2011 estableció el Consejo de la Judicatura con autoridad para nombrar y despedir jueces. Según la Comisión Internacional de Juristas, la interferencia de los sectores políticos en el Poder Judicial persiste, afectando seriamente la independencia de jueces y magistrados. Más de 40 jueces han sido suspendidos desde que el Consejo fue establecido. A esto hay que agregar la destitución de cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2012 y las rotaciones arbitrarias e inconsultas de dos magistrados de dicha corte.Además, los ataques físicos a jueces y magistrados y en general a defensores y defensoras de derechos humanos, así como amenazas, intimidaciones y presiones externas, han aumentado. Particular conmoción causó el asesinato de la Jueza del Ramo Penal Mireya Efigenia Mendoza Peña, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras. El caso se mantiene sin una investigación objetiva y eficaz.
Según datos de CONADEH, al menos 91 profesionales del derecho han muerto en circunstancias violentas desde el año 2010, de los cuales el 95 por ciento de los casos estaría en impunidad.
Libertad de expresión y agresión contra periodistas
La falta de investigación y procesamiento de asesinatos de periodistas supone no solo una violación al derecho de expresión de la víctima, sino también una represión al derecho de la información de la sociedad hondureña. Por otro lado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha aprobado normas que limitan el espectro de radio y prohíben la crítica y el debate de problemas públicos.
Derechos de las mujeres
Desde 2005 hasta 2013, la muerte violenta de mujeres ha aumentado un
263.4%. En 2013 se produjeron 636 asesinatos de mujeres, uno cada 14
horas. Esta violencia es resultado de múltiples factores, entre ellos,
altos niveles de desigualdad económica, pobreza, machismo, corrupción,
militarización, y presencia cada vez mayor del crimen organizado y del
narcotráfico.A su vez, el número de mujeres desaparecidas ha incrementado un 280% entre 2008 y 2013; mientras que la violación sexual es la tercera causa de delito más denunciado en el país, con más de 2.800 denuncias presentadas en 2013.
Por otro lado, los derechos sexuales y reproductivos de la mujer se encuentran altamente limitados. El uso, promoción, venta y comercialización de la anticoncepción de emergencia está prohibida desde octubre de 2009. Como consecuencia, al menos 8,165 mujeres y niñas que denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual entre 2010 y 2013, se encontraron expuestas a un potencial embarazo no deseado, situación que vulnera así su derecho a la vida, la autonomía, la salud y a decidir sobre su maternidad.
A pesar de ciertos avances a nivel institucional, como la incorporación del delito de femicidio en el Código Penal en 2013, los recursos destinados a investigación de crímenes violentos contra mujeres son muy limitados y el nivel de impunidad alcanza el 95 por ciento en temas de femicidio y violencia sexual.
Derechos de la infancia
Niños y niñas, adolescentes y adultos jóvenes son víctimas de altos
niveles de violencia, en gran medida perpetuada por bandas u otras
formas de crimen organizado. Según un informe del Observatorio de
muertes violentas de Casa Alianza, en los trece primeros meses de
gobierno de Juan Orlando Hernández, se han registrado 1,076 muertes
violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores
de 23 años en el país.El elevado grado de violencia infantil, junto a los altos niveles de pobreza y exclusión social, ha intensificado el fenómeno creciente de menores migrantes no acompañados. Según datos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (U.S. CBP), 68,541 menores no acompañados fueron detenidos en la frontera sur-oeste de Estados Unidos en 2014, el 27 por ciento de ellos procedía de Honduras. Si bien en el país existe un protocolo de repatriación de niños y niñas migrantes, su aplicación es limitada y las instituciones encargadas no cuentan con los recursos financieros y materiales para su implementación.
Otro aspecto altamente alarmante es el nivel de pobreza y exclusión social que afecta a la infancia. Aproximadamente un tercio de niños y niñas en Honduras no asiste a la escuela y se calcula que más de un millón sufre explotación laboral, según datos de Casa Alianza.
Por otra parte, cien mil niños y menores de entre 5 y 23 años de edad están siendo entrenados en cuarteles militares por las Fuerzas Armadas de Honduras a través de la implementación del Programa “Guardianes de la Patria”, lo cual expone a estos menores a altos niveles de violencia y una falta de actitud democrática.
Vulnerabilidad de defensores de derechos humanos
Los defensores de derechos humanos enfrentan violencia y amenazas, y también se han reportado casos de desaparición forzada. En el anterior EPU de noviembre del 2010, Honduras aceptó las 12 recomendaciones que recibió respecto a los defensores de derechos humanos, comprometiéndose a garantizar su protección y sus derechos a la libertad de expresión y opinión.Fuentes del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) señalan que desde 2010 han habido 3,061 casos de criminalización para debilitar la defensa de derechos humanos.
A su vez, en febrero de 2014 el Gobierno canceló el estatus legal de más de cinco mil ONG, basada en la “Ley Especial de Fomento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo”, aprobada en 2011.
Situación penitenciaria
Las condiciones inhumanas en las que se encuentran los reclusos en
las prisiones hondureñas, como hacinamiento, inadecuada alimentación y
precarias condiciones sanitarias, continúa siendo motivo de
preocupación. Las cárceles del país, que pueden albergar 8,600 reclusos,
recluían a más de 13,000 en agosto de 2013, según la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.La Comisión denunció que la condición penitenciaria en Honduras padece
de “graves deficiencias estructurales que han conducido a su colapso”.
Esta situación ha significado un altísimo costo en términos de vidas
humanas en los últimos años, lo que quedó dramáticamente evidenciado con
el incendio de Comayagua, en febrero de 2012, en el que murieron 362
personas.A pesar que el gobierno de Honduras, en su informe presentado ante Naciones Unidas en enero de este año, asegura que se han realizado serios esfuerzos para mejorar la situación de derechos humanos del 2010, las organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos critican la falta de recursos, voluntad política y estructura institucional para llevar a cabo las reformas legislativas.
La cita del próximo 8 de mayo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas no solo supone una oportunidad para evaluar los avances y retrocesos en materia de derechos humanos en Honduras durante los últimos cuatro años, sino también un momento crítico para valorar la efectividad del EPU como mecanismo de control y promoción de derechos humanos. En este sentido, es importante que los Estados miembros elaboren recomendaciones adecuadas, factibles y adaptadas a las realidades del país que sirvan para generar nuevas políticas de Estado.
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